La Fiscalía estadounidense informó que diez individuos, incluidos ciudadanos venezolanos, españoles y costarricenses, han sido acusados de eludir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según las autoridades, estos acusados conspiraron para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), enfrentando una sentencia máxima de 20 años tras las rejas en caso de ser hallados culpables.
Durante el período comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2021, luego de ser notificados sobre las sanciones contra PDVSA, los acusados fraguaron un plan para ilegalmente adquirir piezas de aviones, infringiendo así las sanciones y regulaciones de exportación de Estados Unidos, según la acusación presentada.
Entre las piezas se encontraban motores Honeywell Turbofan, procedentes de Estados Unidos, destinados para las aeronaves de PDVSA en Venezuela, comunicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Una trama para evadir sanciones
Incidentalmente, George Clemente Semerene Quintero, uno de los acusados de 60 años, fue arrestado al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado viernes.
Los acusados encubrieron a compañías estadounidenses sobre el destino de los bienes, indicando que iban hacia Venezuela y PDVSA, cuando en realidad los exportaban a terceros en otras naciones, de acuerdo a lo afirmado por la Fiscalía.
Dentro de las empresas señaladas se encuentran Novax de Costa Rica y Aerofalcon de España. Entre los acusados asociados a PDVSA se mencionan al coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera; Guillermo Ysrael Marval Rivero y Fernando José Blequett Landaeta, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos encargados de adquisiciones, y Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Además, otros acusados incluyen a Luis Alberto Duque Carvajal de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, director de operaciones; Mikhail Largin, director de proyectos especiales; y Pedro Elías Sucre Salazar, empleado basado en Venezuela.
Por parte de Aerofalcon, los acusados son el dueño, Juan Carlos González Pérez, y Juan David Guerra Viera, director de la empresa.
Puedes leer: Fiscal de la CPI Karim Khan se reúne con el presidente Maduro
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera enfrentan cargos adicionales por presentar información falsa o engañosa en exportaciones y contrabando de mercancías, delitos que conllevan sentencias máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
Otras noticias de interés
