Esto incluye el fin de un toque de queda en la capital del país, Quito, actual epicentro de las manifestaciones.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la noche del sábado la terminación del Estado de Excepción por grave conmoción interna que había declarado el pasado 20 de junio en seis provincias del país, en el marco de una protesta indígena iniciada hace 13 días contra las políticas económicas del Gobierno, informó la Presidencia.
El mandatario tomó la decisión a través de un decreto ejecutivo, en el que ordena “el cese de la suspensión del ejercicio de los derechos al libre tránsito, libertad de asociación y reunión”.
Esto incluye el fin de un toque de queda en la capital del país, Quito, actual epicentro de las manifestaciones.
De esta manera, Lasso, derogó un decreto anterior en el que se declaró en Estado de Excepción a las provincias andinas de Pichincha, donde se ubica Quito, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, y la amazónica de Pastaza.
Dichas provincias, según el Gobierno, concentraban los mayores índices de violencia durante las jornadas de manifestación lideradas por la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige la reducción y congelamiento del precio de los combustibles dentro de una serie de demandas económicas y sociales.
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Este sábado, el país sudamericano vivió el décimo tercer día de manifestaciones con relativa calma, después de violentas jornadas entre el jueves y el viernes últimos que derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública.
Hasta ahora, oficialmente se han confirmado cuatro muertos en el contexto de las movilizaciones, que han incluido el constante bloqueo de carreteras y daños a bienes públicos y privados.
En el decreto emitido este sábado, el presidente Lasso afirma que gracias a la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas se ha logrado recuperar el orden público y la seguridad, así como la adecuada provisión de servicios básicos y el desarrollo de las actividades económicas.
Además, el Ministerio de Defensa ha reportado que “ya no se constatan acontecimientos que afectan gravemente el ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y convivencia normal de la ciudadanía”, señala el presidente en el decreto.
De igual manera, añade que “se han disipado aquellos hechos que generaban considerable alarma social”.
La protesta indígena, sin embargo, se mantiene y no se vislumbra un diálogo entre el Gobierno y la Conaie, que se ha declarado en resistencia hasta que se atiendan sus demandas.