Sea cual sea la decisión de Hanen, se espera que el DACA llegue a la Corte Suprema por tercera vez.
Un juez federal se dispone nuevamente a decidir la suerte de un programa que suspendió temporalmente la deportación de cientos de miles de migrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños.
El juez de distrito Andrew Hanen sentenció el año pasado que es ilegal el llamado programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos dijo que debía volver a examinar el DACA tras las revisiones adoptadas en agosto por el gobierno que preside Joe Biden, creadas para mejorar sus posibilidades de sobrevivir a un escrutinio legal.
Hanen convocó a una audiencia el viernes para discutir con abogados los próximos pasos en la lucha legal, que ya lleva una década.
El juez probablemente pedirá a los abogados mayor información sobre la nueva reglamentación del DACA, consideró Nina Perales, abogada del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus iniciales en inglés), que representará en la audiencia a los beneficiarios de la deportación aplazada.
“Podemos dar por sentado que el juez pedirá más documentos y más argumentos legales, porque ahora tiene que abordar la cuestión de la legalidad de la reglamentación del gobierno de Biden”, afirmó Perales.
Sin embargo, los plazos para presentar esos argumentos y el fallo definitivo de Hanen sólo quedarán claros después de la audiencia del viernes, aseguró Perales. La nueva reglamentación deberá entrar en vigor el 31 de octubre.
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Varios grupos defensores de los inmigrantes planeaban asistir a la audiencia y concentrarse frente al tribunal federal el viernes.
La hitoria de Andrew Hanen contra el DACA
Hanen sentenció el año pasado que el DACA es ilegal en una demanda presentada por Texas y otros ocho estados de tendencia republicana con el argumento de que los perjudica financieramente al causar gastos de cientos de millones de dólares en salud, educación y otros gastos. Sostuvieron también que la Casa Blanca se extralimitó al otorgar beneficios a los inmigrantes que corresponden al Congreso.
El juez dejó intacto el programa aprobado durante la presidencia de Barack Obama para los que ya se habían beneficiado. Había 611.270 personas inscritas en el DACA en marzo pasado.
Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones en Nueva Orleans ratificó el fallo inicial de Hanen, pero le devolvió el caso para que revise el impacto de la nueva reglamentación.
La nueva reglamentación, de 453 páginas, es mayormente técnica y contiene escasos cambios con respecto al memorando de 2012 que creó el DACA, pero fue sometido a discusión pública como parte de un proceso formal para la creación de una legislación, pero el juez podría ratificar la ilegalidad del programa porque no lo ha aprobado el Congreso, dijo Perales.
“Por eso son muchos los que le están pidiendo al Congreso que actúe”, añadió.
Tras el fallo del tribunal de apelaciones de la semana pasada, el presidente Biden y los grupos defensores renovaron sus llamamientos para que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los llamados “dreamers”, que es como se llama comúnmente a las personas protegidas por el DACA. El Congreso ha fracasado en múltiples ocasiones en la aprobación de propuestas denominadas DREAM Act para proteger a los beneficiarios del DACA.
Sea cual sea la decisión de Hanen, se espera que el DACA llegue a la Corte Suprema por tercera vez. En 2016, la Corte Suprema llegó a un punto muerto de 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para los padres de los beneficiarios del DACA. En 2020, el máximo tribunal falló por 5-4 que el gobierno del entonces presidente Donald Trump terminó indebidamente con el DACA, permitiendo que siguiera en vigor.