En medio del paro general convocado por transportistas y otros gremios en Perú, la policía peruana empleó bombas lacrimógenas contra manifestantes.
Estos exigían al gobierno de la mandataria designada Dina Boluarte mejores medidas de seguridad pública ante el incremento de la violencia y la extorsión.
Los incidentes se desarrollaron cerca del Congreso de la República, en Lima, donde los protestantes expresaron su descontento hacia los legisladores y el Gobierno de Boluarte.
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La falta de acciones contundentes por parte del gobierno para hacer frente a problemas como la creciente delincuencia y los sicariatos ha generado preocupación entre la población.
La abogada defensora de derechos humanos, Yanet Marín, resaltó el clima de desesperación y denunció la pasividad de la policía, así como numerosos casos de extorsión y violencia.
Marín manifestó su inquietud en torno a leyes recientes que, según su opinión, favorecen a las organizaciones criminales en lugar de proteger a los ciudadanos.
El primer ministro Gustavo Adriancén sugirió que el paro fue instigado por grupos terroristas, lo cual ha generado rechazo y desconfianza entre los manifestantes.
Transportistas exigen seguridad
Marín rebate estas afirmaciones, considerándolas una excusa para justificar detenciones arbitrarias, mientras la violencia y el crimen organizado continúan en aumento sin control.
A pesar de la declaración de estado de emergencia en 14 distritos de Lima, la eficacia de las medidas gubernamentales ha sido cuestionada, dado el escaso despliegue policial y la falta de avances significativos en la captura de delincuentes.
La ley 32.108, criticada por supuesta protección a la criminalidad, está en el centro de las críticas de expertos y ciudadanos, quienes demandan la eliminación de normativas que consideran perjudiciales para la seguridad pública.
Esta situación refleja un incremento en la frustración y el temor, evidenciando una crisis de confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad.
Con información de Telesur
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