Este lunes decanos de las facultades de Derecho de diversas universidades venezolanas junto con representantes sindicales entregaron una demanda en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, al considerar que el Poder Ejecutivo ha incurrido en una “omisión” al no aplicar ajustes al salario mínimo legal desde el año 2022.
La acción legal se produce en medio de crecientes críticas de sectores académicos, gremiales y organizaciones de derechos humanos ante la prolongada falta de incrementos salariales en el país, que se arrastra por casi cuatro años, el periodo más largo sin aumento registrado en tres décadas.
La manifestación, la cual se realizó a pocos metros de una concentración oficialista frente a la institución judicial, tuvo como objetivo que el Gobierno venezolano “respete la Constitución” y, a su vez, cumpla con el artículo 91 el cual establece el derecho de todo trabajador a un salario suficiente que permita vivir con dignidad.
«Estamos exigiendo el cumplimiento de la Constitución, en especial del artículo 91 constitucional que ordena al presidente de la República anualmente emitir un decreto de aumento salarial. Desde el año 2022 eso no se ha cumplido y le estamos exigiendo a la Sala Constitucional que le ordene al presidente que cumpla con la Constitución, es decir, que decrete el aumento salarial para todos los trabajadores”, dijo Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
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Autoridades universitarias piden mejoras salariales
Apitz estuvo acompañado por el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Diana Romero La Roche; decano de la Universidad de Los Andes, y representantes de diversos gremios que han mantenido constantes denuncias por incremento salarial.
Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia, integró el grupo de académicos que denunciaron ante el TSJ la violación del artículo 91 de la Constitución.
Además, solicitaron una medida cautelar para incorporar los bonos a las previsiones sociales de los trabajadores universitarios.
La autoridad universitaria anunció la preparación de acciones legales para exigir el respeto al derecho constitucional de un salario justo para los trabajadores del sector universitario y de la administración pública.
Romero La Roche señaló que se evalúa la interposición de una demanda ante las instancias correspondientes, debido al deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo vital, situación que, afirmó, vulnera el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual garantiza un sueldo suficiente que permita una vida digna.
Con información de Versión Final
