El Gobierno de Venezuela presentó una denuncia formal ante la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, sobre la violación de la libertad de navegación en el Caribe.
Esto en relación a un reciente ataque contra un buque petrolero cargado con crudo venezolano en el mar Caribe. El hecho es considerado una violación grave de la libertad de navegación y comercio.
Cumpliendo con instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó desde el estado La Guaira sobre una comunicación telefónica con el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, durante la cual se oficializó esta acusación.
Rodríguez calificó el suceso como un acto de «robo descarado» y aseguró que demuestra las verdaderas intenciones detrás de las acciones reiteradas contra Venezuela. Agregó que, todo apunta a un interés por apropiarse del petróleo venezolano sin compensación alguna.
Rechazó categóricamente los argumentos del gobierno de Estados Unidos, como la lucha contra el narcotráfico o la defensa de la democracia y los derechos humanos. Afirmó que estas excusas son solo un pretexto para encubrir intereses económicos.
Denunció además el despliegue militar estadounidense en el Caribe, describiéndolo como desproporcionado. Así como diseñado para perturbar la economía regional y apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Este despliegue incluye buques destructores, el portaaviones Gerald Ford y submarinos nucleares.
Frente a esta situación, Venezuela instó a la OMI a activar todos los mecanismos previstos por los convenios internacionales para proteger la libertad de navegación y el comercio marítimo. Según Rodríguez, este tipo de acciones ilegales busca dañar específicamente el comercio petrolero marítimo del país.
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Destacó que Venezuela está adoptando medidas en el marco del derecho internacional con el propósito de defender sus recursos naturales y su soberanía. En paralelo, el gobierno venezolano denunció públicamente este incidente como parte de una campaña más amplia contra los intereses del país, sumando este caso al control de la empresa Citgo, cuya toma calificó como resultado de procedimientos judiciales fraudulentos.
Con información de Vicepresidencia de la República
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