El gremio empresarial afirma que 3 de cada 10 productos que consumen los venezolanos tengan un origen ilícito.
El fenómeno del contrabando fue puesto de manifiesto por varios gremios empresariales, encabezados por Consecomercio, que iniciaron una campaña para lograr que este flagelo sea combatido de manera consistente y articulada por los organismos oficiales que tienen competencias para enfrentarlo.
Es de extrema gravedad que se estime que 3 de cada 10 productos que consumen los venezolanos tengan un origen ilícito, debido a que los efectos de que el contrabando tenga 30% del mercado de bienes representan una amenaza para la seguridad y salud de prácticamente toda la población.
Productos alimenticios llegan sin los debidos permisos sanitarios, medicamentos entran al mercado sin los controles mínimos indispensables para garantizar la seguridad de su administración, licores y derivados de tabaco se venden libremente sin las autorizaciones que avalen su inocuidad. Y sigue un largo etcétera.
El problema de fondo es la profunda informalidad en la que ha caído la economía venezolana, un proceso que corroe no solo la generación de empleo, sino la necesaria empresarialidad que deben tener los emprendimientos.
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La población está expuesta no solo a la venta de productos adulterados, sino a falsificación de marcas, manipulación de presentaciones, y otras prácticas que deberían constituir delitos severamente penados.
Los consumidores están expuestos a la adquisición de productos sin las garantías adecuadas, sin controles de calidad y de origen indeterminado, como resultado de procesos ilegales de importación.
La cuestión no es solo la enorme pérdida fiscal que el contrabando genera. De acuerdo con algunas estimaciones se trata de un negocio millonario que evade impuestos por un monto superior a 10 puntos del PIB, sino que ya ha penetrado al comercio formalmente establecido, especialmente en el interior del país, donde abastos y mercados comercializan marcas falsas sin que ninguna autoridad intervenga.
El mensaje transmitido por los gremios es positivo. La invitación a que se constituya una comisión con participación público-privada no solo para denunciar casos concretos, sino para articular políticas, con el fin de enfrentar integralmente la entrada ilícita de productos, es una iniciativa que merece respaldo de todo el gremio empresarial y de la sociedad en general, para que se constituya de manera urgente.
Existen, igualmente, rezagos legales y regulatorios que deben ser superados, especialmente en materia de defensa de la propiedad intelectual y posiblemente también sea necesario reforzar las capacidades de las autoridades para combatir el contrabando, entre otras medidas perentorias.
El contrabando no es un fenómeno nuevo y se ha agravado exponencialmente a consecuencia del cierre de la frontera con Colombia, lo que disparó el comercio ilegal entre ambos países, generando una competencia desleal para productores agrícolas venezolanos.
Es posible que con la inminente reapertura de los pasos fronterizos y del intercambio comercial formal se presente una oportunidad real de contener el flujo ilegal de mercancía, pero no será fácil sin que el gobierno tome la decisión de actuar y de hacer las reformas necesarias para reforzar los controles y evitar, tanto como sea posible, que productos ilícitos lleguen a los consumidores venezolanos.
Con información de 800 Noticias
