La acción del gobierno de Ecuador contra la minería ilegal es porque está vinculado con el narcotráfico y el lavado de activos.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró el jueves a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. En varios puntos de la Amazonía se explota oro sin control utilizando maquinaria pesada y afectando con metales pesados, producto de esa actividad, a ríos de la zona.
El Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, informó de que el Consejo de Seguridad Pública del Estado tomó esa resolución atendiendo al hecho de que esa actividad ilícita además tiene estrecha relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.
Destacó que se aprobó una estrategia para enfrentar la situación mediante acciones de las fuerzas armadas y la policía. Además de respaldar a las concesiones mineras legales, a las que ambientalistas y comunidades cercanas se oponen y a menudo suelen hostigar con actos de violencia.
Más allá del anuncio, no se detallaron las implicaciones o medidas que sobrevendrán al declarar esta actividad como amenaza a la seguridad nacional.
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“No existe la posibilidad de que guardias privados —guardia indígenas o comunitarios— pretendan reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y Policía” en el control territorial. Esto en alusión al hecho de que ambientalistas y comunidades suelen bloquear vías, hostigar e impedir el trabajo de los empleados de las concesiones mineras legales.
Acción imposible de cumplir
El analista y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy Rivera, declaró a AP, que detrás de esas actividades hay grandes cárteles criminales. Con un poder enorme, que no tienen problemas en corromper a oficiales de la policía y de fuerzas armadas para mantener esa actividad.
Aseveró que Ecuador tampoco tiene una ley de control de metales preciosos, por lo cual “estamos en tierra de nadie acerca de estos temas que generan millonarias ganancias”. El anuncio de operativos que realiza el gobierno, concluye Rivera, no es más que una nueva promesa imposible de cumplir.
Una estimación de la Organización de las Naciones Unidas señala que esa actividad ilegal mueve en el país andino cifras de alrededor de los 600 millones de dólares. Mientras que el gobierno no tiene estadísticas aproximadas.