El máximo órgano electoral de Guatemala frenó la suspensión del Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo, devolviéndole al menos temporalmente su estatus legal y bloqueando un intento de las fuerzas políticas opositoras de debilitar a Arévalo.
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), divulgada el domingo, se produjo días después de que el registro electoral suspendiese al partido por orden de un juez. La Fiscalía General está investigando si hubo irregularidades en la recopilación de las firmas requeridas para la formación del movimiento años antes.
El tribunal dijo que su decisión se mantiene hasta el final del periodo electoral, el 31 de octubre. La ley electoral de Guatemala no permite la suspensión de un partido durante este lapso.
En su fallo, la máxima autoridad electoral explica que la decisión del juez de suspender a Semilla “no emana de un procedimiento administrativo que corresponda a la competencia que le asigna la ley al registrador”, por lo cual —agrega— no entra a conocer el fondo del recurso de nulidad planteado por el movimiento, aunque sí frena la decisión del registrador.
Semilla ya había apelado la suspensión de un juez ante un tribunal, sin que hasta ahora le hayan resuelto, por lo que una vez que se termine el bloqueo temporal del máximo órgano electoral el último día de octubre, el partido podría quedar de nuevo sin registro a partir del 1 de noviembre.
Los líderes del Congreso de Guatemala ya habían utilizado la suspensión del Movimiento Semilla la semana pasada para convertir a sus siete legisladores, incluido Arévalo, en independientes, lo que les impide liderar comités legislativos u ocupar otros puestos de liderazgo en el Congreso.
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Arévalo, un legislador y académico progresista, sorprendió a Guatemala al llegar a una segunda vuelta presidencial el 20 de agosto en la que venció a la ex primera dama Sandra Torres por más de 20 puntos.
Arévalo denunció el viernes que detrás de los ataques contra su partido estaba una intención de “golpe de estado”, que buscaba que él no pueda asumir el poder el 14 de enero del 2024, y apuntó sus dardos contra la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el Registrador de Ciudadanos y la Junta Directiva del Congreso.
Con información de Associated Press
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