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viernes, marzo 29, 2024

Hay 26 mujeres procesadas por motivos políticos en Venezuela

21 de las 26 están detenidas (20 en prisión y una con arresto domiciliario), cuatro tienen medidas cautelares, principalmente por problemas de salud.


La ONG Justicia Venezolana afirmó este martes, en su más reciente investigación, que 26 mujeres en Venezuela han sido procesadas por motivos políticos desde 2015 y que, de acuerdo con los datos de la organización, sus derechos humanos son «violados» de manera «sistemática e inflexible».

La organización especificó en nota de prensa que, del total, 18 son civiles y ocho pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, 21 de las 26 están detenidas (20 en prisión y una con arresto domiciliario), cuatro tienen medidas cautelares, principalmente por problemas de salud, y una está en libertad tras haber cumplido su condena, siempre según Justicia Venezolana.

La directora de la ONG, Lilia Camejo, sostuvo que las mujeres «se encuentran sometidas a procesos judiciales irregulares», en los que «se les ha negado el acceso a sus abogados, se les mantiene en prisión preventiva por años sin juicio, sufren retardo procesal de años y sus acusaciones son írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».

En el caso de las mujeres civiles, señaló Camejo, se da «el agravante de que muchas se convirtieron en objetivo político por tener vínculos afectivos y/o familiares con perseguidos políticos, mientras que a las mujeres militares se les detuvo luego de ser citadas para una entrevista y se les mantiene presas por años sin si quiera haber iniciado el juicio».

Camejo agregó que, en varios casos, existen denuncias por violencia de género «debido a abusos sexuales y abortos por golpizas».

Según la ONG Foro Penal, hasta el 16 de mayo pasado había en el país 237 detenidos a los que considera «presos políticos», de los cuales 15 son mujeres.

En marzo pasado, la exdiputada opositora Adriana Pichardo denunció que las «15 mujeres presas políticas» han sido «torturadas y «vejadas» desde su detención, y que sus familias también son víctimas de violación a sus garantías fundamentales.

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