El propósito de esta ley se centra en buscar recuperar los bienes de la nación.
El presidente Nicolás Maduro promulgó este lunes la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero.
«Procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio», dijo el mandatario durante la transmisión de su programa de televisión de los lunes «Con Maduro +.
El propósito de esta ley se centra en buscar recuperar los bienes de la nación.
«Un nuevo instrumento, legal, jurídico, constitucional, para proteger los bienes y patrimonios que le pertenece a todos los venezolanos«, dijo.
De qué trata esta ley de protección de activos
Señaló que cualquier persona que participe directa o indirectamente en hechos de corrupción, tanto dentro como fuera del territorio nacional deberán pagar entre 15 a 20 años de prisión.
El mandatario nacional reiteró que unos 4.000 millones de dólares, correspondientes a las utilidades anuales de Citgo (2019-2022), han sido usurpados a Venezuela.
«El secuestro de Citgo ha significado un daño gigantesco a la población venezolana«, enfatizó.
El Ejecutivo celebró la aprobación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero.
Esta ley se dio como iniciativa de la Asamblea Nacional, y permitirá responder con fuerza legal y constitucional a los intentos de robo de los activos de la República.
Los alcances de esta nueva ley
El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUC), Diosdado Cabello, dijo que la ley declara como nulo cualquier intento o acción de «organismos internacionales» contra bienes del Estado.
El Departamento del Tesoro estadounidense decidió a principios de este mes, a través de la licencia general número 42, no adoptar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo, filial de la venezolana petrolera PDVSA en EE.UU.
La licencia autoriza al Parlamento del periodo 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del Gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más».
La decisión también permite la «negociación de acuerdos de conciliación» con personas designadas por este Legislativo, considerado por EE.UU. como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.