Ebrard dijo que se cree que alrededor del 60% de las armas de fuego que se han incautado en el país en los últimos años proceden de 10 condados de Estados Unidos.
El gobierno de México interpuso el lunes una nueva demanda contra compañías estadounidenses a las que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México.
La primera demanda, que fue desestimada recientemente, se enfocaba en los fabricantes estadounidenses de armas de fuego. La segunda, que según el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se presentó el lunes en Arizona, parece enfocarse en los vendedores de armas.
“Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, declaró Ebrard.
Ebrard prometió la semana pasada que la nueva demanda se enfocaría en las tiendas o distribuidores de armas de fuego en los estados limítrofes con México que venden armas a prestanombres que las facilitan a los traficantes, quienes las traen a México.
Ebrard dijo que se cree que alrededor del 60% de las armas de fuego que se han incautado en el país en los últimos años proceden de 10 condados de Estados Unidos, la mayoría de ellos ubicados en la frontera entre ambas naciones. México tiene estrictas restricciones a la posesión de armas de fuego, pero la violencia de los cárteles del narcotráfico ha cobrado cientos de miles de vidas en el país en años recientes.
“Vamos a demostrar que, en muchos de estos puntos donde se venden estos productos en esos condados que les acabo de decir, están operando prestanombres, y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales”, señaló Ebrard la semana pasada en una comparecencia ante el Senado mexicano.
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Una ley estadounidense promulgada recientemente criminaliza las ventas por intermediarios y establece sentencias de entre 15 y 25 años en prisión en caso de que la ofensa esté relacionada al tráfico de drogas.
El anuncio de la segunda demanda se produce varios días después de que un juez federal estadounidense desestimó la primera querella de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos. Ebrard dijo que México apelaría ese fallo.
El juez dictaminó que las acusaciones del gobierno mexicano no estaban por encima de las protecciones que establece la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, a los fabricantes de armas.
Dicha ley protege a los fabricantes de armas de los daños y perjuicios “resultantes del uso criminal o ilícito” de un arma de fuego.
México pedía una compensación de al menos 10.000 millones de dólares, pero expertos jurídicos consideraban que la demanda tenía pocas posibilidades de prosperar.
El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que, tan sólo en 2019, al menos 17.000 homicidios en México estaban relacionados con armas traficadas.