La oposición de Chile le exigen al gobierno de Gabriel Boric que tipifique como delincuentes a los inmigrantes indocumentados.
La oposición en Chile solicitó el lunes al gobierno del presidente Gabriel Boric expulsar a los inmigrantes indocumentados y tipificar como delito la entrada irregular al territorio.
Durante los últimos años Chile, ha recibido un intenso flujo migratorio que empezó a declinar a comienzos de este año. El gobierno de Boric desplegó un contingente militar en la frontera chilena con Perú y Bolivia para frenar la llegada de extranjeros irregulares. Según el gobierno, la cifra bajó en un 55%.
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Diego Schalper, secretario general del centroderechista Partido Renovación Nacional, acudió a la sede de gobierno para dejar una carta dirigida al mandatario. Solicita que tramite con suma urgencia un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito. La iniciativa se encuentra estancada en una comisión de diputados.
El opositor agregó que se necesita “una mayor acción punitiva” del Estado frente al ingreso clandestino.
En la misma línea, José Antonio Kast, excandidato presidencial y líder del conservador Partido Republicano, explicó a la prensa que demandan la designación de un ministro especial que coordine entes gubernamentales para identificar a extranjeros que no cuenten con los documentos para permanecer en el país y expulsarlos.
Sugirió que se creen residencias especiales para los inmigrantes irregulares “hasta que sean expulsados”.
Por su parte, María José Hoffmann, secretaria general de la derechista Unión Demócrata Independiente, calificó de insuficiente la labor del gobierno en materia de inmigración. En su reclamo, han aumentado los delitos de mayor connotación por parte de bandas extranjeras. No obstante, no hay cifras oficiales que detallen el número de bandas delictivas extranjeras.
Inmigración en Chile
De hecho, Boric afirmó el viernes último que las personas que llegaron ilegalmente “tienen que ser identificadas” y que el gobierno trabaja en ello. También advirtió que no se debe confundir a los migrantes con delincuentes. “La migración en sí misma no es un delito”, añadió.
El Servicio Jesuita a Migrantes ha señalado que la discusión sobre inmigrantes no se puede reducir a “seguridad y expulsiones”. Su jefa de Incidencia Jurídica, Gabriela Hilliger, abogó por un avance de la Política Nacional de Migraciones y ver “cómo a aquella población se le permita regularizar y si eso se va a poder hacer”.
La preocupación por el tema se intensificó luego de que hace dos semanas fuera asesinado un policía. El fiscal que indaga el caso informó que los tres arrestados por su presunta participación en el crimen son ciudadanos venezolanos y se busca un cuarto de la misma nacionalidad.
La muerte del policía elevó el tono de la discusión sobre la crisis de inseguridad que vive hace meses el país sudamericano debido al aumento de la delincuencia armada.
Una encuesta difundida esta jornada señala que el 85% de los consultados destacó que hay más delincuencia y de ellos, un 60% lo atribuyó “al ingreso de delincuentes desde el extranjero”.