El expresidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta cargos por corrupción, organización criminal y lavado de activos, acusaciones aprobadas por el Congreso.
El Congreso peruano aprobó el viernes acusar constitucionalmente al destituido mandatario Pedro Castillo para procesarlo. Mientras manifestantes antigubernamentales, que exigen elecciones inmediatas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, escenificaban enfrentamientos con la policía.
Castillo, encarcelado en Lima, enfrenta cargos de presunta corrupción, organización criminal y lavado de activos. La fiscalía podrá denunciarlo ante la justicia tras ser despojado de su inmunidad.
La decisión se aprobó con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones. La resolución legislativa indica que se permite la acusación contra Castillo porque el exmandatario presuntamente dirigía un círculo corrupto —integrado por amigos y familiares— en la concesión de contratos de obras públicas. Otros dos exministros de Castillo —Juan Silva y Geiner Alvarado— también están incluidos.
La hipótesis de la fiscalía la presentaron por primera vez el 11 de octubre de 2022 ante el Parlamento, durante la gestión de Castillo, quien empezó su breve gobierno el 28 de julio de 2021.
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Crisis en Perú
Los manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte y los legisladores, la realización inmediata de elecciones, la libertad de Castillo y que se haga justicia para los manifestantes abatidos por la policía, chocaron con los agentes en la Carretera Panamericana Norte en Chao, provincia de Viru, en el noreste del país.
El 7 de diciembre el Congreso destituyó a Castillo; y arrestado poco después de intentar disolver el Parlamento, en una maniobra no respaldada ni por los militares ni por la policía.
A Castillo —en prisión provisional en una cárcel exclusiva de Lima para expresidentes— lo llamó el Parlamento para ejercer su defensa mediante una videoconferencia. El exmandatario pidió asistir de forma presencial al Legislativo, petición no aceptada.
Luego de que Castillo fuera destituido, el Congreso nombró como su sucesora a su entonces vicepresidenta Dina Boluarte quien tomó el poder el 7 de diciembre. Desde esa fecha se han desatado manifestaciones antigubernamentales en todo el país que han dejado 60 muertos, 48 de ellos en choques con las fuerzas de seguridad.
