La exministra ecuatoriana María Duarte escapó de la embajada de Argentina en Quito. La funcionaria estaba acusada por el delito de corrupción.
Ecuador y Argentina atraviesan por un tenso momento en sus relaciones, que se generó a partir de la salida de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte de la embajada de Buenos Aires en Quito, donde se encontraba alojada desde agosto de 2020.
Duarte –que contaba con asilo político por razones humanitarias en la sede diplomática– es arquitecta de profesión y fue ministra del expresidente Rafael Correa (2007-2017) en varias carteras del Estado.
Estuvo al frente del despacho de Desarrollo Urbano y Vivienda en dos ocasiones, entre 2007 y 2009, y de 2015 a 2017.
También se desempeñó como ministra de Inclusión Económica y Social, de 2009 a 2010; y luego, desde ese año hasta 2013, como titular de Transporte y Obras Públicas.
El caso Sobornos
En mayo de 2019, dos años después de que Correa culminara su mandato, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la causa Sobornos 2012-2016, luego que un medio digital publicara una investigación que tituló ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador’.
Puedes leer: El «efecto Bukele» en Centroamérica ¿Cuál es el impacto?
En la causa, la FGE señaló la presunta participación de Correa, de Duarte, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido Alianza PAÍS con dinero de empresarios contratistas estatales.
Según esa institución, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superarían los 7,5 millones de dólares.
El 31 de mayo de 2019 Duarte fue detenida.
Un día después, se le dictaron varias medidas, como la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la Justicia y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
A fondo
Menos de un año después de abierta la investigación, en abril de 2020, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió una sentencia de ocho años de prisión en contra de los exfuncionarios.
Todos acusados del delito de “cohecho agravado”; y, además, la condena contempló la pérdida de participación política por 25 años.
El caso ha sido controvertido, debido a que Correa y Glas, particularmente, fueron señalados de actuar a través de “influjo psíquico” para instigar a los otros funcionarios a cometer el delito.
Esta polémica provocó que en noviembre del año pasado se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil un seminario internacional para hablar sobre el fallo.
El exjuez español Baltasar Garzón, quien participó del evento, consideró que el dictamen contra Correa y el resto de sus exfuncionarios era un ejemplo de “lawfare”, concepto que tradujo al español como “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
Añadió que en la decisión de la Justicia hubo “una preconstitución de hechos y una sentencia que tenía un objetivo incompatible con la interpretación racional, proporcional y contrastada del Derecho”.
Por su parte, para el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, las principales fallas de este caso es que “no hay pruebas”.
Sino que se configuró una sentencia con base en “una acumulación de documentos y dichos” que no demuestran la participación de los condenados.
Refugio y salida
El 20 de agosto de 2020, antes de que la Justicia ecuatoriana ratificara la sentencia en última instancia, Duarte se refugió, junto a su hijo menor de edad y de nacionalidad argentina, en la embajada de Buenos Aires en Quito, en calidad de “huésped por motivos humanitarios”.
En diciembre de 2022, las autoridades argentinas informaron a Ecuador la concesión del asilo diplomático a Duarte y pidieron las facilidades, concretamente un salvoconducto a su favor, para que abandonara la embajada y pudiera salir del país con destino a Buenos Aires.
Sin embargo, eso no ocurrió. El 13 de diciembre pasado, Ecuador comunicó a Argentina que no concedería el salvoconducto e, incluso, manifestó su molestia, señalando que no estaba de acuerdo con que se le diera “asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”.
Desde Argentina alegaron que tras esa decisión de no conceder el salvoconducto, “se entablaron esfuerzos en la búsqueda de un entendimiento común”, pero resultaron infructuosos.
Cancillería de Argentina
Entonces, Duarte decidió salir de la embajada. En un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter el martes, la exfuncionaria comentó que con la negativa a su salvoconducto, el Gobierno ecuatoriano la convirtió en su “rehén política”.
La pregunta que aún se hacen las autoridades ecuatorianas es cuándo la exfuncionaria abandonó la embajada.
La Cancillería informó que sostuvo reuniones con el embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, quien les indicó que Duarte habría salido de la sede diplomática el pasado viernes 10 de marzo, en horas de la tarde.
No obstante, el mismo ministerio señala que “altos oficiales argentinos han dado otra versión”, manifestando que su salida ocurrió el sábado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina comentó que durante el pasado fin de semana no se registró presencia en el ala del edificio en la que Duarte habitaba.
Distante de la residencia oficial del representante argentino, por lo que se hizo un recorrido por las instalaciones sin que pudieran ubicar su paradero.
Posteriormente, el martes, la Cancillería argentina confirmó que Duarte se encontraba en Venezuela y se presentó en la embajada de Buenos Aires en Caracas, donde fue atendida por el embajador, Oscar Laborde, y dos funcionarios de la sede diplomática.
Señaló que la exfuncionaria no brindó explicaciones sobre cómo viajó a Caracas ni si se encuentra junto a su hijo.
“Realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender” y “manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo”, indicó la Cancillería.
Expulsión de embajadores
Esta situación en torno a la exministra venía tensando las relaciones entre Ecuador y Argentina en los últimos meses, pero su salida de la embajada en Quito atizó el conflicto.
La decisión de Ecuador fue declarar persona ‘non grata’ a Fuks. El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, dijo este miércoles, en entrevista con Ecuavisa, que la medida se tomó tras “inconsistencias” en las versiones de Argentina sobre la salida de Duarte de la embajada.
“Las inconsistencias en cada uno de los argumentos que entregaron a nuestro país manifestando que se habían dado cuenta que la señora Duarte después de dos años y medio, un poco más, de vivir en la embajada no aparecía, estos argumentos, generaron un rompimiento de la confianza absoluta del embajador con nuestro país”,
indicó.
Para el ministro, la embajada de Argentina podría ser cómplice de la salida de Duarte del país.
Desde la presidencia de Alberto Fernández, por su parte, afirmaron que la expulsión de su embajador en Quito les tomó “con sorpresa y profunda tristeza”, ya que implican una escalada en el desacuerdo, en perjuicio en la relación bilateral.
Por tanto, en respuesta, Argentina tomó una acción similar sobre del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge Yoder.
“En modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino que la persona mencionada (Duarte) haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero, eludiendo los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la residencia de la embajada argentina en Quito”, enfatizó la Cancillería.