Volvieron las protestas en Lima, donde los manifestante piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso de Perú.
Cientos de peruanos bloquearon el viernes una vía clave de acceso a la capital en una nueva jornada de protestas contra el gobierno. Piden la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones más multitudinarias se dieron entre diciembre y mediados de febrero.
Puedes leer: Alerta roja en Buenos Aires por altas temperaturas
Los manifestantes opositores colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varias metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
La policía llegó una hora después y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que escaparon a una barriada. Rebeca, una mujer que participaba en la protesta, indicó que el gobierno “no escucha al pueblo” y el Parlamento “está de espaldas”.
En la víspera, la policía dispersó en los alrededores de una plaza del centro histórico de Lima a manifestantes que llegaron a protestar desde la región Puno. El 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía. Fue la jornada con más víctimas de los casi tres meses de protestas.
Imágenes de video mostraron a la policía lanzar gases lacrimógenos a corta distancia contra mujeres de Puno, con sus hijos pequeños en sus espaldas. También hubo un breve choque de manifestantes con policías en una zona acomodada de Lima, que dejaron al menos dos civiles heridos en los brazos y piernas.
Prohiben las protestas
Las manifestaciones en el centro histórico limeño están prohibidas desde mediados de febrero por una ley del municipio capitalino. El alcalde conservador Rafael López, es accionista del tren que lleva turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu y al lago Titicaca, entre Perú y Bolivia.
La ley municipal declara que es una “zona intangible” para el desarrollo de marchas y manifestaciones. “Todas las marchas tendrán que ser prohibidas”, explicó a la prensa en febrero el teniente alcalde Renzo Reggiardo. Añadió en su momento que la norma busca “que la paz y tranquilidad vuelva a nuestras calles, que el principio de autoridad vuelva ya que se ha perdido en el país”.
Las protestas suman un total de 60 fallecidos en su mayoría manifestantes, según la Defensoría del Pueblo. De ese total 48 son víctimas de choques directos con las fuerzas de seguridad.