Shakira enfrenta nuevos problemas con la Hacienda (agencia tributaria) española después de que una corte cerca de Barcelona indicara que había aceptado abrir una investigación en un segundo caso de supuesto fraude fiscal de la cantante colombiana.
Por otra parte, la artista y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía española presentó contra ella por fraude en los impuestos de patrimonio y de la renta de 2018, y de la que se enteró por los medios.
Asimismo, a través de un comunicado Shakira hizo mención a la evidente “presión mediática y reputacional a la que se ve sometida”. Además se insiste en que la cantante siempre ha actuado legalmente y “bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”.
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Shakira: “Centrada en su vida artística en Miami”
Shakira recuerda que reside en Miami desde hace unos meses —tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué—, por lo que se le deberá notificar personalmente la querella en su nuevo domicilio, “de estricto acuerdo con lo que marca la ley”.
La artista colombiana asegura que en estos momentos está “centrada en su vida artística en Miami” y se muestra confiada en “la resolución favorable de sus asuntos fiscales”.
Un juzgado español de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abrió este 20 de julio una segunda causa a Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a la Hacienda pública en los impuestos del ejercicio fiscal de 2018.
El juicio inicia el 20 de noviembre
Cabe recordar que, Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.
En este proceso, la Fiscalía pide para ella 8 años y 2 meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal, por eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española pese a que, según el Ministerio Público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en el país.
Con información de El Nacional
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