La primera cantidad a ser devuelta a los venezolanos está alrededor de los 3.000 millones de dólares que serán destinados a urgencias.
El acuerdo político suscrito el 26 de noviembre en México entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición es de altísima importancia. Con esta acción se inicia un proceso de desbloqueo que debería llevar a la devolución de más de 20.000 millones de dólares que son propiedad de los venezolanos, de los cuales urge el país para enfrentar múltiples necesidades y que fueron secuestrados por factores internacionales en connivencia con políticos venezolanos como parte de una estrategia para agravar la crisis, creyendo que así se puede derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.
La primera cantidad a ser devuelta a los venezolanos está alrededor de los 3.000 millones de dólares que serán destinados a urgencias en el campo de la salud, la educación, el sistema eléctrico público y apoyo a miles de familias damnificadas como consecuencia de las recientes lluvias.
Es una cantidad pequeña, no es el monto que Venezuela requiere para satisfacer sus importaciones y para atender los justos reclamos que hacemos por la recuperación de los precarios servicios públicos en general, del transporte de pasajeros, del abastecimiento de agua, de la dotación de centros de salud.
Esos 3.000 millones de dólares serán, sin duda alguna, un alivio dada la terrible situación a la que el país ha sido sometido al impedirle el derecho de libre comercio. No podemos vender libremente nuestro petróleo, nuestro gas. Todo ello diseñado así para que Venezuela no tenga ingresos, para asfixiar a la población y que creciera el descontento, que se generará una implosión social para derrocar el gobierno.
Esa perversa estrategia no logró su cometido político, pero sí agravó de manera indolente y criminal las carencias y la extendida pobreza a las que ya el país estaba sometido como consecuencia de políticas económicas dañinas, de intervencionismo generalizado y de una confrontación política sin tregua que ahuyentó capitales, inversionistas y a nuestra propia población. Todos los problemas y necesidades generados por esa pésima conducción han sido agravadas con el bloqueo económico que pareciera llegar a su etapa final con este primer acuerdo de distensión para devolvernos a los venezolanos los primeros 3.000 millones de dólares de un monto mayor que nos fue secuestrado.
Sin embargo, hay que advertir que estos fondos a los que alude el acuerdo, correspondientes más o menos al 12 % del monto total secuestrado, pudieran ser devueltos a cuentagotas, lentamente, si privara la misma maldad que llevó a la estrategia del bloqueo, lo que pareciera estar detrás del concepto de “progresividad” que se establece en ese documento.
Los fondos serán liberados “progresivamente”, previa aprobación de la contraparte del gobierno, que contará con comisiones técnicas para evaluar los proyectos presentados. Según el acuerdo ninguna de las partes podrá actuar unilateralmente, lo que supone procesos de entendimientos y coincidencias que podrían llevar meses y ser obstruidos por intereses políticos.
Los venezolanos necesitamos la devolución inmediata de todos esos recursos, que son patrimonio de la Nación y de los cuales estamos urgidos quienes aquí vivimos y luchamos por superar los problemas del día a día. Las penurias son extremas. Necesitamos nuestros recursos ya.
Por otra parte, se habla de un Fondo de Naciones Unidas que suministrará ayuda humanitaria para los venezolanos. Sería una buena noticia que Naciones Unidas constituye un Fondo de esa naturaleza porque en Venezuela la pobreza extrema se ha extendido, la clase media se ha depauperado y en estas circunstancias no sólo reclamamos rectificaciones sustantivas en las políticas económicas del gobierno, cambios en la conducción política, sino que también agradecemos la asistencia financiera y social internacional que por años se nos ha negado con el argumento de que somos un país petrolero, buchones de dólares. Las malas políticas de las últimas dos décadas y el bloqueo económico desde hace unos siete años se han encargado de desmentir eso.
Ojalá ese Fondo fuera una realidad. Sin embargo, es preciso aclarar que el fondo que se desprende de este acuerdo de México no es dinero donado a Venezuela ni son recursos de Naciones Unidas. Se trata del dinero que nos ha sido secuestrado, del cual se han apropiado arbitrariamente, y que ahora comenzarán a devolver si honran cabalmente el pacto político suscrito.
Algunos sectores celebran que esos dineros sean administrados por entes extranjeros y hasta plantean que no deben regresar al país porque el gobierno se los robaría. Es un argumento torcido. Los venezolanos tenemos la obligación y el derecho de vigilar el buen uso de los dineros públicos. Debemos extremar los mecanismos contralores. Estar pendientes de las decisiones administrativas y financieras del gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipales. La forma de asegurar la asepsia administrativa no es seguir apoyando el robo y secuestro de nuestros recursos por potencias extranjeras, o la administración intervenida o tutelada por organismos internacionales u otras potencias. Sostener eso es un verdadero extravío.
Seamos sensatos y pongamos los pies sobre la tierra. Lograr que los recursos secuestrados regresen de inmediato y vigilar su buen uso son prioridades nacionales.