El proceso de exhumación de Víctor Hugo Quero, llevado a cabo este viernes 8 de mayo bajo la dirección de la Fiscalía 80 en el Cementerio Jardín La Puerta en Baruta, permitió a Carmen Teresa Navas, madre del trabajador informal de 52 años, identificar los restos enterrados y confirmar que efectivamente se trata de su hijo.
Rafael Hernández, periodista cercano a la señora de 82 años, ratificó esta información a través de la red social X.
A pesar del descubrimiento, expertos y ONG han manifestado serias dudas sobre cómo se ha manejado todo el procedimiento.
Desde Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos, el abogado Kelvi Zambrano, representante legal de la familia Quero, subrayó la necesidad de formar una «comisión especial conforme al Protocolo de Minnesota». Esto para realizar una investigación independiente que cumpla con estándares internacionales.
Zambrano fue enfático en que dicha comisión requeriría «independencia financiera e independencia funcional» para llevar a cabo un examen riguroso y objetivo. Este proceso incluiría una exhumación detallada para la identificación científica de los restos, un paso esencial para reconocer oficialmente el cese de la desaparición forzada.
Además, el abogado destacó varias omisiones y cuestionó el papel del tribunal que llevaba la causa, señalando que este nunca solicitó diligencias clave o siquiera un traslado inmediato de Quero a un centro médico durante su tiempo bajo custodia.
Dudas en torno a la causa de muerte de Víctor Hugo Quero
Zambrano planteó importantes preguntas respecto a las circunstancias del fallecimiento.
La familia había recibido documentación oficial que acreditaba que Quero se encontraba recluido en el centro de detención Rodeo 1, información que resultó ser falsa tras conocerse los hechos reales.
Por su parte, Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, alertó a través de sus redes sociales acerca de presuntas irregularidades en la exhumación. Según Mundaray, el fiscal general Larry Devoe encargó la diligencia a un PNF (médico integral comunitario) en lugar de asignar a un anatomopatólogo, que sería el profesional idóneo para esta labor.
Asimismo, Mundaray denunció que el Servicio Nacional de Medicatura Forense ni agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) participaron en el procedimiento. En su lugar, la diligencia estuvo a cargo del equipo remanente de la Unidad Criminalística del Ministerio Público.
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El Ministerio Público venezolano anunció la apertura de una investigación penal tras confirmarse que Quero Navas, identificado presuntamente como preso político según su familia, había fallecido luego de meses sin información sobre su paradero.
La Fiscalía 80 Nacional, encargada de velar por los derechos humanos, está liderando estas investigaciones. En un comunicado público previo al acontecimiento, Larry Devoe especificó que la exhumación la realizaría un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, siguiendo lo estipulado por el Código Orgánico Procesal Penal.
Víctor Hugo Quero Navas, quien al momento del fallecimiento tenía 51 años y había estado detenido desde enero de 2025 —según información suministrada por la ONG Foro Penal— habría sido arrestado por presuntos vínculos con su historial militar asociado al servicio en 2023.
Con información de Versión Final
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