El gobierno de Panamá anuncia deportaciones y construirá infraestructura en la inhóspita provincia de Darién para contener a los migrantes como parte de una serie de medidas dirigidas a frenar los problemas migratorios en Panamá.
El plan también incluye acciones en los aeropuertos y la reducción a 15 días del periodo para la permanencia de turistas en el país en lugar de los 90 días actuales. A su vez se aumentará a 1.000 dólares por persona la exigencia de solvencia económica para entrar al país, que hasta ahora era de 500 dólares.
La directora de la Autoridad Nacional de Migración, Samira Gozaine, dijo en una rueda de prensa que el incremento de las deportaciones será posible gracias a la autorización presidencial para contratar vuelos chárter. “Para que se sienta el impacto requerido (en la reducción de la migración) aumentaremos estas deportaciones”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa.
Gozaine destacó que las medidas que se aplicarán en los aeropuertos no serán para todos los extranjeros, ni para nacionalidades específicas sino que el personal de seguridad hará entrevistas y tendrá la potestad de decidir a quiénes las aplica.
La llegada de migrantes a Panamá ha hecho que el país se sienta abrumado por los cruzan la peligrosa jungla del Darién y que ha rebasado la capacidad del país centroamericano para atenderlos pese a los esfuerzos de las autoridades de seguridad por controlar la migración ilegal y enfrentar a los grupos organizados que trafican migrantes en la selvática provincia fronteriza con Colombia.
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El impacto de la migración en Panamá siguen siendo mayoritariamente de venezolanos. También hay ecuatorianos, haitianos, colombianos y chinos, entre otras nacionalidades. En lo que va del año la cifra de migrantes que cruzaron la selva superó los 350.000 y han sobrepasado en más de 100.000 el récord registrado al cierre de 2022.
Con información de Associated Press
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