El próximo Gobierno de Panamá, que tomará posesión el 1 de julio, ha comenzado a establecer “contactos diplomáticos” y a realizar “investigaciones a través de organismos internacionales” para materializar su plan de “cerrar” la frontera del Darién, la selvática región limítrofe con Colombia por la cual diariamente atraviesan miles de migrantes irregulares en ruta hacia Norteamérica.
Esta iniciativa, una promesa de campaña del presidente electo, José Raúl Mulino, es una prioridad según declaraciones del designado ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, quien afrontará el desafío de clausurar el paso fronterizo selvático y repatriar a todos los migrantes irregulares que lo atraviesen.
En palabras de Ábrego, “Hemos dado inicio a una serie de investigaciones a través de entidades internacionales. Mulino ha entablado contactos a nivel diplomático y estamos elaborando un plan que será dado a conocer próximamente”.
Ábrego, el primer director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), creado en 2008, fue distinguido por Mulino por su participación en la expulsión de la guerrilla colombiana del Darién.
Si bien Ábrego reconoce que el cierre de la frontera es un desafío debido a los 260 kilómetros de selva que abarca, muestra confianza en que es factible llevarlo a cabo.
Ante las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el proceso de repatriación anunciado por Mulino, Ábrego asegura que Panamá siempre ha garantizado estos derechos.
El Darién se ha convertido en un crisis humanitaria
En lo que va de año, más de 153.003 migrantes irregulares han ingresado a Panamá tras cruzar el Darién. El año pasado, esta cifra superó los 520.000, revelando la magnitud de la crisis humanitaria.
Unicef ha advertido sobre el aumento en el número de menores y adolescentes que atraviesan la selva, previendo que en 2024 hasta 800.000 personas, incluyendo 160.000 menores de edad, podrían emprender esta peligrosa travesía.
Mulino, al asumir como presidente electo, reafirmó su compromiso con el cierre de la frontera, asegurando que se llevará a cabo un proceso de repatriación con apoyo internacional y respeto a los derechos humanos.
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“Aquí en Panamá, todos los viajeros irregulares recibirán asistencia humanitaria y serán devueltos a sus países de origen,” afirmó.
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