La directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, sostuvo que en el país se retoma el uso del derecho penal para “criminalizar.”
La demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, el chavista Rafael Lacava, contra dos activistas que pidieron una investigación sobre su responsabilidad indirecta en ejecuciones extrajudiciales representa, según varias ONG de Venezuela, un cerco progresivo a entidades pro derechos humanos.
El pasado 17 de mayo, Marino Alvarado y Alfredo Infante recibieron la notificación de la demanda por difamación de Lacava, quien consideró que la solicitud de los activistas atentaba contra su honor.
Según el Código Penal venezolano, la difamación es «un delito consistente en acusar de un hecho concreto que ataca el honor o la consideración de una persona» y lo cometerá quien «hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público».
No obstante, Alvarado e Infante no acusaron a Lacava de ningún hecho concreto, sino que se limitaron a solicitar una investigación para averiguar si el delito se ha cometido o no.
Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, indicó en una rueda de prensa el pasado 19 de mayo que la demanda es parte del «cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» que acompañan a sectores populares en sus demandas por los derechos humanos.
Con información de: El Nacional
